El juez federal Claudio Bonadio dijo que la reutilización de los materiales del Plan Qunita está bajo exclusiva jurisdicción del ministerio de Salud y advirtió que fue una «construcción mediática» la noticia sobre la quema de cunas.

En medio de las versiones que indicaban que Bonadio había ordenado quemar las cunas del Plan Qunita, por la que está procesado el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, entre otros, el magistrado recibió una serie de presentaciones en el juzgado pidiendo que no las destruyera.

Ahora, a través de una resolución, Bonadio contestó a las distintas presentaciones y desmintió la decisión sobre la destrucción del material, recordó las falencias reportadas por la Sociedad Argentina de Pediatría e INTI sobre la seguridad de las cunas y sacos de dormir, y remarcó la orden de reutilización con fines sociales de los productos que sirvan.

«Infórmese por Secretaría a los presentantes que este tribunal comparte sus preocupaciones respecto a la protección del medio ambiente y que es consciente que el método de la incineración es contaminante y anti-económico», sostuvo.

Por ello, continuó, «nunca en el presente expediente se resolvió con qué metodología se deberían destruir los elementos peligrosos identificados por los informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Sociedad Argentina de Pediatría».

«El tema de la cremación es una construcción mediática de quien difundió la noticia o una decisión del Ministerio de Salud de la Nación de la que este juzgado es totalmente ajeno», agregó.

Bonadio resaltó que en su juzgado se tramitó este expediente, al que consideró «una de las causas de corrupción más explícita y grosera que el suscripto tenga memoria, que derivó en una cuantiosa pérdida económica para la administración pública nacional cuando se direccionó de manera arbitraria una licitación pública para seis empresas pre-elegidas con un sobreprecio de casi el cincuenta por ciento (50%)».

El valor «final y definitivo de aproximadamente mil cien millones de pesos -dijo- fue aumentado en un 6 por ciento respecto al originalmente previsto». «Los aspectos médicos y de salud pública del proyecto QUNITA, respecto a la prevención y/o disminución de la mortalidad infantil, nunca fue objeto de investigación, toda vez que el suscripto no pretende, porque no corresponde, incidir o decidir en materias y competencias que no le son propias y que pertenecen de manera exclusiva a las autoridades de la Administración Pública, sea en la órbita nacional, provincial o municipal», resaltó el juez.

No obstante, a instancias de la denunciante, Graciela Ocaña, el tribunal conoció un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) -gestión Kirchner- sobre las características del material que integraba el kit licitado, en donde se cuestiona la seguridad y resistencia de los moises.