Los dueños de 25 bingos, en alerta por el avance de Vidal

A tiro de reelección. El anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de que aprovechará cada oportunidad que se le presente para reducir la oferta del juego generó un clima de preocupación entre los empresarios del sector, atentos a una realidad: si la gobernadora consiguiera la reelección, algo que hoy parece plausible, dentro de un eventual segundo mandato se vencerán las licencias de 25 de las 45 salas de bingos bonaerenses.

La semana pasada, Vidal anunció el cierre de tres casinos -Necochea, Mar de Ajó, Valeria del Mar- y el Bingo de Temperley, y dejó en claro que, si no fuera porque el resto de las licencias de los bingos habían sido prorrogadas por Daniel Scioli (incluso varias que no vencían antes de 2015), hubiera avanzado en otras clausuras.

«En la medida en que vayamos equilibrando las cuentas públicas, nuestra intención es seguir restringiendo la oferta del juego», prometió, cuando se la consultó por una eventual reelección en el cargo. Acotó que el recupero de parte de los recursos del Fondo del Conurbano ($40 mil millones este año y $65 mil millones a partir de 2019) permitía «pensar» en cerrar salas de juego, grandes contribuyentes del fisco bonaerense.

Según pudo saber LA NACION, además del criterio económico, a la hora de analizar el posible cierre de otras salas de juego, en La Plata agregan dos factores. Por un lado, la sobreoferta del juego en algunos distritos. El extremo es Mar del Plata, con tres casinos y cuatro bingos.

El otro factor es territorial: en la gobernación encuentran pocos argumentos para defender las salas ubicadas en zonas no turísticas. O sea, en el conurbano. Son, a la vez, las que más facturan y las que más tributan a las arcas provinciales.

Según datos del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia, que preside Matías Lanusse, y que LA NACIONcotejó con empresarios del juego, entre 2019 y 2023 se vencerán las licencias de 25 de las 45 salas de bingo bonaerenses. En rigor, habría que agregar en esta lista dos casinos: el Sasso, de Mar del Plata, a cargo del gastronómico Luis Barrionuevo, que vence en 2019, y el de Sierra de la Ventana, del Grupo Paoletti, que finaliza en 2021.

Según Lotería, el primer vencimiento entre los bingos ocurrirá en 2020, con la sala de Caseros, que opera el Grupo Midas. La firma, cuyo titular es Jorge Pereyra, enfrentará otros tres vencimientos de licencias en 2021: el de los bingos de Hurlingham, Ciudadela y Merlo.

Pero, con seis salas en juego, la empresa que más arriesgará ante un eventual segundo mandato de Vidal será Codere: en 2021 se vencen las licencias de tres bingos de Mar del Plata y uno de Lomas. Y en 2022 vencerán las licencias de la sala de La Plata y de Lanús.

Codere opera 13 salas de bingo en la provincia, entre ellas las más importantes, y es, por mucho, el mayor jugador del sector. Radicada en España, pero controlada por fondos estadounidenses que desbancaron a la familia Martínez Sampedro, desde la firma reconocieron «preocupación» ante los anuncios de Vidal. De todos modos, dieron a entender que será difícil para el fisco prescindir del aporte tributario de los bingos.

Otra firma que arriesga mucho es la UTE formada por Hipódromos de Palermo y Ricardo Benedicto, exsocios de Cristóbal López: en 2021 vencen las licencias de los bingos de Ezeiza, Los Polvorines y Olavarría.

Según Lotería, ese año también vencerán las licencias del Grupo AGG en dos salas de Avellaneda. Desde la firma controlada por fondos estadounidenses (VR Capital), que también opera el bingo de Florencio Varela, señalaron que la sala de Alto Avellaneda tiene opción a cinco años de prórroga.

«La imposibilidad de extender las licencias hace que las compañías pierdan valor, sin hablar de la fortuna en indemnizaciones que habría que pagar», señalaron desde AGG. Remarcaron que la ludopatía en Argentina es «muy baja» frente al resto del mundo y que falta una «mirada moderna» del Estado frente al sector. En particular, apuntaron a que los bingos pagan más impuestos que cualquier otra actividad, pero que el Estado no está controlando el creciente juego online, que no tributa.

Otro empresario con varias licencias en juego es Daniel Mautone: en 2021 vencen los contratos de los bingos de Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó. También el Bingo Pinamar, que Mautone atribuye al empresario Aurelio Serra.

En 2021 vencerán las licencias del bingo de Bahía Blanca, operada por El Chalero SA y asociada al empresario Juan Carlos Bojanich; y de la sala de Tres Arroyos. También el bingo de Moreno, vinculado a Nazareno Lacquaniti; y las dos salas de Berazategui, de la firma Stepako SA.

Completa la lista el Bingo de San Fernando, del empresario Pascual Isabella. Quizás el más vehemente del grupo. «Me preocupa porque tengo casi 500 empleados y pueden quedar en la calle. ¿Cómo le pago las indemnizaciones a empleados con 30 años de antigüedad?», inquirió.

«El juego no se puede eliminar, porque está en la naturaleza del hombre. El problema es el juego ilegal, que sigue creciendo de la mano de los celulares», agregó, para rematar: «Vidal está mal asesorada. Mirá que pasé por seis gobernadores y ella es la que más me gusta. Pero también es la que más me jode», bromeó. O quizás no tanto.

La decisión que repite Angelici

«[Daniel] Angelici ya nos avisó a todos que él no va a participar en la licitación de los casinos». La frase fue repetida por tres bingueros que se reconocieron cercanos al presidente de Boca Juniors, amigo de Mauricio Macri y socio de Daniel Mautone en los bingos de Pergamino (30% de las acciones) y Ramallo (25%). Fue lo mismo que aseguró María Eugenia Vidal cuando anunció la licitación de 3860 tragamonedas en siete casinos. Se entiende el énfasis de la gobernadora y de Angelici: si el nombre del Tano aparece entre los pliegos de los casinos, quedará bajo sospecha toda la operatoria que Vidal hizo en nombre de la transparencia del juego.

La Nación