Los edificios están en «extremo riesgo» y el juez pedirá al gobierno porteño el comienzo inmediato de las obras
El juez Martín Converset, que entiende en la causa por obras en el complejo habitacional de Villa Soldati, donde el 4 de setiembre pasado murió un adolescente al caerse de un sexto piso tras ceder una baranda, tiene previsto disponer de esa medida.
Converset fue nombrado hoy al frente de este causa, iniciada en el 2009, luego de que el gobierno porteño recusara a la jueza que llevaba la investigación, Patricia López Vergara al alegar enemistad manifiesta y adelantamiento de opinión tras el allanamiento que ordenó la magistrada al Instituto de la Vivienda.
Esta es la primera medida concreta que ordena la Justicia en el inmueble tras el fatídico hecho y los voceros judiciales consultados aseguraron que la existencia del informe de Defensa Civil que reclama «acciones urgentes» en el edificio 14 para evitar otra tragedia, fue la que incidió para que el juez adopte esta medida.
El Complejo de Villa Soldati, que cuenta con 2.300 departamentos, fue declarado en emergencia edilicia y ambiental en el 2001 a través de la ley 623 y se dispuso que el gobierno de la Ciudad debía ejecutar las obras para solucionar las fallas estructurales que presentaban los edificios.
Los vecinos promovieron una acción de amparo en el año 2009 al ver que las obras no se ejecutaban especialmente en el edificio 14, nudo 10 -donde murió el adolescente- y en el edificio 18.
En el 2011 un juez de primera instancia hizo lugar al amparo y ratificó los términos de la ley del 2001 pero el gobierno porteño apeló la sentencia, la cual quedó firme el el año pasado cuando la Cámara ratificó lo actuado por el magistrado.
Tras la muerte del adolescente y la movilización vecinal, la jueza Patrcia López Vergara realizó una serie de procedimientos para verificar si lo dispuesto por el juez original de la causa, cuyo fallo quedó firme, se había cumplimentado, tras lo cual fue recusada por el gobierno de la Ciudad y el IVC.
López Vergara detalló en su escrito que no emitió opinión ni fue defensora de las partes ya que su actuación sólo se limitó a la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el juez subrogante en torno a la ejecución de las obras.
La magistrada destacó que la información requerida al IVC fue entregada «voluntariamente” en el marco de la diligencia que efectuó ante ese organismo y “sin que resultase necesaria la ejecución de fuerza alguna”.
En forma paralela a esta denuncia, en diciembre del año pasado comenzó a tramitarse otra causa para que el gobierno de la Ciudad cumplimente obras de infraestructura en el edificio 35 (ex 20) del mismo complejo, el cual presentaba las mismas fallas que el 10, donde falleció el adolescente.
La defensora adjunta de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia González de los Santos, que patrocina a la vecina que presentó la demanda, realizó hoy una recorrida para verificar el estado de las obras y advirtió sobre la existencia de «riesgo grave y actual para la salud y aún la vida de las personas que habitan en el edificio».
Entre otras falencias constató que de los cinco ascensores ninguno de ellos funciona y que hay barandas en las escaleras, pero las mismos no cuentan con todos los escalones ni antideslizantes, al tiempo que de todo el complejo no hay contenedores para la basura.
Tampoco existen sistemas de agua contra incendios, extintores portátiles, luminarias de emergencia ni señalización de salida de emergencia.
Existen en el inmueble aberturas de corredores sin vidrios ni protección, hay paredes deterioradas con desprendimiento de revoques, no hay presencia de la Policía Metropolitana dentro ni fuera del complejo y el funcionamiento de las luminarias son irregulares.
La defensora Cecilia González de los Santos aseguró que los habitantes del complejo «viven una situación bastante complicada porque se nota al caminar en el complejo una ausencia de la presencia estatal, las luminarias no funcionan, la policía no recorre las calles y la mamposteria de los edificios se desprende, entonces es lógico que los vecinos tengan mucho miedo».
Precisó que mientras el gobierno de la Ciudad presenta apelaciones «no toma en cuenta que lo que esta en riesgo son vidas humanas. Las apelaciones a las decisiones judiciales retrasan las órdenes y se plantea una discusión desde lo legal, pero la realidad indica que mientras tanto los vecinos del Complejo tienen en riesgo su vida».
De los Santos aseguró que «apelamos a que el IVC por una cuestión humanitaria tome en cuenta estas cuestiones. Hay multas que aplicó la Justicia al gobierno porteño por no dar cumplimiento a las mandas judiciales, ahora el juez Converset le dio dos días de plazo para que cumpla con las medidas de seguridad solicitadas».
Fuente: telam.com.ar