En un juicio abreviado, el ex funcionario acordó tres años y seis meses de cárcel efectiva tras ser acusado en 17 causas de administración fraudulenta.

Con 83 años de edad, totalmente lúcido y moviéndose con el apoyo de un bastón, Víctor Alderete se volcó en sus últimos años a la fe religiosa y a asistir a otros ancianos en un parroquia. «Ahora me ocupo de los viejos», dice, bromeando a quien se lo pregunte. Como ex jefe del PAMI, su administración estuvo minada por denuncias y sospechas de corrupción, con 17 causas por administración fraudulenta iniciadas contra él y su mesa de directivos, algo que su eventual sucesora, Graciela Ocaña, definió como «un modelo de saqueo».

Hoy por la mañana, a más de 15 años de su nombramiento a cargo del ex presidente Carlos Menem -en enero de 1997 y que duró hasta diciembre de 1999- Alderete finalmente reconoció su culpa en el séptimo piso de los tribunales de Comodoro Py.

En el marco de un juicio abreviado, Alderete acordó ante la Gabriela Baigún, titular de la Fiscalía General Nº3 y la fiscal ad hoc Claudia Rebour una pena de tres años y seis meses de efectivo cumplimiento. Cinco miembros de su directorio acordaron ayer dos años de cárcel de ejecución condicional. Para los miembros de la Sindicatura, considerados partícipes secundarios, un año y ocho meses, también de ejecución condicional. Dada su avanzada edad, es altamente probable que Alderete reciba el beneficio de la prisión domiciliaria.

Fue una negociación ardua, indicaron fuentes del expediente: duró cinco meses. Alderete buscó el mínimo de dos años, lo que le garantizaba una pena en suspenso. De cara a esto, Baigún consideró que, dado su rango jerárquico, no podía tener la misma pena que el resto del directorio. Por otra parte, resta un nombre en la lista, que ya tiene fecha para un juicio oral y público: Alberto Santander, ex director del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cardiólogo personal de Menem y una vez candidato a diputado por la Rioja, casado con una fiscal de esa provincia.

Durante los años, el término «Mundo Alderete» fue una conveniencia semántica en Tribunales que englobó el grupo de causas en su contra, muchas de ellas con riesgo de prescripción dado el paso del tiempo o ya prescriptas, lo que incrementaba la dificultad de un juicio. Los montos por defraudación fueron notorios: 25 millones de pesos en un expediente, 400 mil dólares en otro y la lista sigue. El juicio abreviado fue una opción práctica frente a la chance de que Alderete jamás sea castigado. De todo este universo de causas, fue finalmente condenado por dos, ambas instruidas y elevadas a juicio por el fiscal Gerardo Pollicita, como la causa «Plus Ultra» de 2005, con la compra de libros de saldos a una editorial con sobreprecios exorbitantes.

La fiscal Baigún explicó a Infobae la estrategia que encaró: «Ni bien asumí como fiscal en la Fiscalía General Nº 3 hace un año y medio, sabía que una de las causas más importantes en trámites y pendientes era la causa contra Víctor Alderete. Quería concentrar mis esfuerzos en llegar al debate que hace 17 años se tramita. Así, seleccionamos las causas en un estado más avanzado. Presenté ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 pedido de pronto despacho para lograr que se provea la producción de prueba y fijar el debate.» El riesgo de prescripción jugaba en contra: «Tuve que elegir a las que no habían prescripto y que había suficiente prueba para llegar a una condena. Esto, en el nuevo Código Procesal, se llama ‘principio de oportunidad'», explica la funcionaria del Ministerio Público.

Para Baigún, fue una oportunidad aprovechada: «Cumplí con una deuda que tiene la sociedad que es la penalización de los delitos de corrupción en general que fueron paradigmáticos. El perjuicio a ciudadanos de la tercera edad, a una de las partes más vulnerables de nuestro país. Cuando comencé a ver lo burdas y atroces de las maniobras, eso no dejó de movilizarme», apuntó.

Fuente: infobae.com