El Gobierno denuncia una operación político-mediática contra el proceso electoral

El canciller Héctor Timerman explicó que el Gobierno no participó de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerarla «inaceptable, inadmisible e improcedente». La atribuyó a una maniobra de carácter electoral a 48 horas de los comicios.

El canciller Héctor Timerman y el ministro de Justicia Julio Alakencabezaron este viernes por la tarde una conferencia de prensa, en la que denunciaron una operación político-mediática contra el proceso electoral, a 48 horas de los comicios.

En esa línea, Timerman explicó los motivos por los que el Gobierno decidió no participar en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre sobre la «situación de la independencia judicial en la Argentina», al considerarla «inaceptable, inadmisible e improcedente».

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo hoy una audiencia pública de carácter general sobre la ‘Situación de la independencia judicial en la Argentina’. El Gobierno argentino denuncia que dicha audiencia fue una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín», informó la Cancillería a través de un comunicado.

Y aclaró: «La nota publicada por el diario Clarín con fecha 16 de octubre es evidencia de ello y de la explícita instrumentalización política que se está haciendo de la propia audiencia y del rol de la Comisión».

«Como es de público y notorio conocimiento, en pocas horas se celebrarán en nuestro país elecciones generales, en cuyo marco se elegirá al nuevo Presidente de la República, entre otros importantes cargos electivos en el orden nacional y provincial. Consecuente con sus obligaciones internacionales y su compromiso con la democracia y los derechos humanos, la Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente. La Comisión tiene la obligación de evaluar la seriedad tanto de la denuncia como de los denunciantes y no simplemente, como ocurre en este caso, deslindar la responsabilidad de rechazar una causa a todas luces inexistente», indica el texto.

Fuente: minutouno.com

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