En medio de cruces y acusaciones entre los dirigentes del distrito, el ministro Alejandro Granados apostó al personal de la Policía Bonaerense sobre la ruta 1003, y los puso a disposición del fiscal Fernando Capello.
Según explicó el funcionario de Daniel Scioli, al personal ya afectado se sumarán este miércoles otros 300 efectivos, para rodear de forma total las 60 hectáreas que tiene el predio usurpado desde los días previos a las elecciones del pasado 25 de octubre.
«Cuando la Justicia nos ordene desalojar, desalojamos», expresó Granados, que detalló que no cree que vaya a haber problemas para retirar a la gente del lugar, «ya que no están afincados».
La toma comenzó cerca del 20 de octubre, presuntamente instigada por punteros políticos de la zona
Sostuvo que se trata de «gente que vive en el mismo barrio» y afirmó que son entre «550 y 600 familias», al rechazar que fueran 3 mil, como se denunció en principio.
Granados consideró que la situación de ocupación se originó a partir de «un vivo que quiso perjudicar a alguien y que hizo correr la voz de que se podían tomar esos terrenos».
Cuando arribaron los efectivos de Infantería, pasadas las 14:30, algunos vecinos que se encontraban en la zona empezaron a retirar colchones, camas, maderas y elementos utilizados para la construcción precaria de las viviendas.
La toma de tierras tiene dos tramos: las 60 hectáreas de terrenos vacíos y una zona lindera donde se estaban construyendo unas 340 viviendas correspondientes a un plan federal.
Por ese segundo sector, este martes el juez federal de Morón Juan Pablo Salas le pidió al gobierno provincial que impida el ingreso de nuevos intrusos y de materiales al predio tomado.
En el mismo fallo, el magistrado consideró que el predio pertenece a la órbita del gobierno bonaerense, por lo que se declaró incompetente en la causa, que ahora pasó a manos de la Justicia provincial de Morón.
Tanto el gobernador Daniel Scioli como la mandataria electa, María Eugenia Vidal, repudiaron la usurpación, en medio de las negociaciones entre ambos para el traspaso del poder el próximo 10 de diciembre.
A la vez, continuaron los cruces entre el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, uno de los barones derrotados en agosto, y el electo Gustavo Menéndez, quienes se señalan mutuamente como responsables de alentar la toma de tierras.
Menéndez sostuvo que le están dejando «una bomba de tiempo» en Merlo
El intendente electo se comprometió a «desactivar» la «bomba» que el intendente actual, Raúl Othaeché a partir del 10 de diciembre próximo
Mientras, Othacehé salió duro al cruce del intendente electo, lo responsabilizó por la toma y señaló que «está ligado a las drogas y a la delincuencia».
La gobernadora electa por Cambiemos, María Eugenia Vidal, dijo que el conflicto es «síntoma del fin de ciclo», a 12 días del ballottage.
Daniel Scioli, dijo estar «absolutamente en contra de las tomas ilegales» y aclaró que el operativo de desalojo se realizará con «responsabilidad social».
Para Vidal, la toma de viviendas «es una combinación de mala política con crecimiento de la necesidad de la gente».
Scioli aseguró que se encontraba «trabajando» con Menéndez para «normalizar esto sin ningún tipo de violencia»
«Habrá que analizar en profundidad» la situación para que la Justicia «pueda dar respuesta, en vísperas a la elección», respecto de «si hay una cuestión política o una necesidad habitacional» detrás de la toma, dijo el gobernador Scioli